El contrato de aparcamiento de vehículos: régimen supletorio, naturaleza, caracteres y elementos

El artículo 7 de la Ley del Contrato de Aparcamiento (LCA, en adelante) es en el que encontramos la solución al problema del régimen jurídico aplicable al contrato de aparcamiento de vehículos y la prelación de normas a seguir. Nos dice que, respetando en todo caso lo establecido en la LCA, los aparcamientos, en su defecto, se rigen por la voluntad de las partes, y supletoriamente por lo dispuesto en las disposiciones generales de las obligaciones y contratos y por los usos y costumbres del lugar.

Contrato de aparcamiento de vehiculos y Derecho civil

- Naturaleza del contrato de aparcamiento de vehículos


De una lectura de la LCA podemos extraer que se trata de un contrato en origen atípico, que mediante la Ley ha adquirido caracteres de tipicidad.

Actividades de promoción de ventas

Las actividades de promoción de ventas se pueden resumir en: ventas en rebajas, ventas en oferta o promoción, ventas de saldos, ventas en liquidación, ventas con obsequio y ofertas de venta directa (art. 18 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista -LOCM, en adelante-).

Promocion de ventas y Derecho civil

Aunque la Ley haga una explicación clara y precisa de las diferentes modalidades de promoción de ventas, debemos hacer una diferenciación dentro las ventas multinivel y la prohibición de venta en pirámide.

Daños causados por la prestación de servicios y daños que se derivan de otros bienes

Existe una regla general en el artículo 147 del Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante, TRLGCU) que afirma que “los prestadores de servicios serán responsables de los daños y perjuicios causados a los consumidores y usuarios, salvo que prueben que han cumplido las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del servicio”. Se trata de una responsabilidad subjetiva con inversión de la carga de la prueba. Ésta es la regla general para la prestación de servicios y daños que se derivan de otros bienes.

Casa y daños en Derecho civil

Ahora bien, el artículo 148 del TRLGCU (que procede de la Ley de Consumidores de 1984) establece un régimen de responsabilidad especial. Conforme a este precepto “se responderá de los daños originados en el correcto uso de los servicios, cuando por su propia naturaleza, o por estar así reglamentariamente establecido, incluyan necesariamente la garantía de niveles determinados de eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de determinación, y supongan controles técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad, hasta llegar en debidas condiciones al consumidor y usuario”. Como podemos observar requiere de varias condiciones para que pueda surtir efecto este régimen de responsabilidad especial.

El derecho a la información en los productos financieros y servicios de inversión

Si importante es el derecho a la información para cualquier parcela de la realidad jurídica, mayor vigor aún cobra cuando de productos y servicios financieros se trata. La complejidad de este tipo de productos conduce a que los diferentes textos normativos sobre ellos hayan centrado su mirada en el consumidor, obligando a las distintas entidades financieras a ser rigurosas en la entrega de información que han de suministrar a aquél y, más aún, a que valoren tanto la solvencia como la experiencia previa del consumidor a la hora de ofrecerle un determinado producto financiero.

Productos financiero y Derecho civil

Todo ello busca, en definitiva, que el consumidor contrate este tipo de productos con conocimiento de causa, o, si se prefiere, que tenga la exacta representación mental y el conocimiento acerca de aquello que contrata y a lo que con ello se obliga. Es importante, pues, desentrañar la regulación que ofrece el legislador de consumo en cada texto legal, para así ver qué se ha dispuesto sobre el rigor con que el cliente ha de ser informado y, por consiguiente, a qué tipo de responsabilidad se exponen las entidades financieras ante la falta de observancia de tal deber de información.

Criterios para fijar la guarda y custodia de los menores

Cualquier procedimiento de divorcio o separación matrimonial va a atenerse al principio fundamental que es el del interés del menor, qué es lo que más le interesa, beneficia o es mejor para su situación. Esto significa que nuestro Código Civil no establece, en modo alguno, a quien atribuir directamente la guarda y custodia (a cuál de los padres, o a los dos a la vez -custodia compartida-).

Guardia y custodia de menores y Derecho civil

- Criterios a tener en cuenta por parte del Juez


Entonces, en este entorno, el Juez va a tener en cuenta la situación familiar particular para determinar qué criterio se tiene que seguir, siempre a la luz del principio del interés superior del menor.